20/12/2006
¿Y si hacemos de nuevo el IAPI?
por Lamberto Oscar

Durante el primer gobierno del General Perón existía el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio por el cual el Estado Nacional se apropiaba de las sobre rentas del sector exportador, le otorgaba precio sostén a la producción local y distribuía la riqueza internamente.
Entre las instituciones que destruyó el golpe del 55 también estaba el IAPI. En los noventa además se disolvieron los entes reguladores de carnes y granos dejando la producción librada a las reglas de mercado con una moneda que mantenía una paridad fija con el dólar americano.
La expansión de la frontera agrícola, el libre ingreso de productos y la estabilidad de precios internos evitaron desbordes en la canasta básica aún en muchas ocasiones a costa de la rentabilidad del sector primario.
La salida de la convertibilidad y la suba de los comodities en los mercados internacionales favorecen a las exportaciones porque se puede vender en el exterior a precios en divisas y gastar en pesos en el país. Para evitar que la transferencia de ingresos que produce este proceso no dañe en demasía a los consumidores el gobierno aplica retenciones a las exportaciones.
Pero a pesar de las retenciones, como el tipo de cambio es muy alto, igualmente existe una preferencia por vender a terceros mercados que además están avidos por nuestros productos.
Para evitar que la mayor oferta internacional arrastre los precios internos, el gobierno intervino los mercados estableciendo precios de referencia y hasta prohibiendo algunas exportaciones, particularmente de carne vacuna.
Esta decisión logró que el índice de precios se haya incrementado un digito durante el año, pero generó algunos inconvenientes en el sector agropecuario que manifestó sus quejas con un paro de nueve días.
El argumento de los ruralistas es que mientras a ellos les ponen trabas para que no suban sus precios y en muchos casos hayan bajado, no es el consumidor el que se beneficia sino intermediarios y exportadores.
Se calcula que la transferencia de los productores a los que interviene en las cadenas como comercializadores o industrializadores supera los dos mil millones de dólares por año.
Aquí lo que se quita al campo va a parar a otro sector privado y esto es un costo demasiado alto para mantener un índice y es muy difícil de aceptar sin quejarse cuando un sector se queda con la parte del otro.
Si verdaderamente existe una sobrerenta que es inmoral que la paguen los trabajadores y jubilados, igualmente es inmoral que los sectores más concentrados por una posición dominante en el mercado se apropien de la producción ajena.
Entonces aparece en el centro del problema cual es el verdadero rol del Estado, ya sea como garante de mercados trasparentes y competitivos o interviniendo decididamente en todas las etapas del proceso productivo.
Y si estamos desandando el tiempo a lo mejor sea necesario apelar a viejos instrumentos que adecuado a las nuevas circunstancias permitan terminar con inequidades que son la fuente inagotable de conflictos.





Lamberto Oscar
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